Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha interpuesto un recurso administrativo para revocar la resolución de apertura concedida a Viscocel -la planta de Sniace que produce fibra de viscosa, reabierta a principios de mes tras cinco años cerrada- por considerar que carece de "las más elementales medidas al objeto de garantizar unas mínimas condiciones en calidad del aire".
En un comunicado, EAC señala que el que hecho de que Viscocel haya reiniciado su producción "es sin duda una buena noticia por los puestos de trabajo que implica", pero "no por ello puede hacerse de cualquier manera", advierte. Así, apunta a que el tiempo de paralización transcurrido no puede considerarse como un mero cese de actividad temporal, pues superados muy ampliamente los dos años, la legislación estima cerrada la instalación, por lo que "lógicamente la empresa debería haber solicitado una nueva autorización ambiental integrada".
En este sentido, la asociación ecologista subraya que la empresa ha dispuesto de tiempo "más que suficiente" para ello, pero que ha preferido "los atajos y las componendas" de la mano de la Dirección General de Medio Ambiente mediante "artificios argumentales sin base ni consistencia normativa". Una "argucia y chapuza legal que sólo redunda en inseguridad jurídica para Viscocel", advierte EAC.
Con todo, "lo realmente grave" a juicio de Ecologistas en Acción es, apunta, la "dispensa extraordinaria "por la cual durante cinco meses la planta estará exenta de cumplir con los valores límite de emisiones contaminantes a la atmósfera, dado que los sistemas de depuración mediante biofiltros necesitan ese tiempo para poder alcanzar un óptimo rendimiento. Una dispensa que podía ser legal, advierte, siempre que se garantizase que el entorno de dispersión de esas emisiones (inmisión) no se viese afectados los niveles de protección de la salud de los vecinos. "Algo que, con las condiciones de reapertura, no están en absoluto aseguradas y que, sin embargo, es posible", asegura la agrupación.
También afirma esta asociación que las "irregularidades de la Dirección General de Medio Ambiente se acumulan en éste y otros casos, como en la otra dispensa que se otorgó por un período de tres meses en los vertidos de la depuradora de Sniace en el reinicio su actividad, los cuales habían sido declarados previamente ilegales por sentencia firme de la Audiencia Nacional", concluye.
