El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha declarado nula la suspensión provisional del funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas investigado por la conocida como 'trama de Obras', por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos en la región.
Dicha suspensión fue acordada en marzo del año pasado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, impidiendo así que este empleado público volviera a su puesto de trabajo en la Consejería del ramo, al que ahora podrá regresar. Fue apartado del mismo por el Gobierno autonómico cuando se destaparon los hechos, en febrero de 2023, y por los que estuvo encarcelado algo más de seis meses.
El implicado, M.A.D., apeló al TSJC y la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado ahora su recurso y le ha dado la razón, al entender que la decisión "solo procedía por seis meses", la duración máxima de suspensión de funciones al ser una medida cautelar de naturaleza administrativa.
Lo concluye así la Sala en un sentencia dictada el pasado 2 de julio, difundida este miércoles y que no es firme, ya que se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. El Gobierno de Cantabria ha anunciado que lo recurrirá ya que que existen "razones fundadas" para mantener la suspensión provisional del funcionario procesado y hasta que sea juzgado, en el marco de la investigación que dirige la jueza de Instrucción 5 de la ciudad y que está ya en la recta final, previa a la apertura de juicio oral.
La Fiscalía de Cantabria imputa al funcionario -junto a su mujer e hijas y empresarios y/o empleados de tres constructoras: API, Rucecan y La Encina- supuestos delitos de fraude en contratación pública, cohecho, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales (ilícito este último en el que habrían participado las familiares del considerado cabecilla de la trama).
